La seguridad es, desde hace unos años, uno de los principales temas de preocupación de la ciudadanía. Hoy, en Chile el 70% de los hogares victimizados pertenecen a los segmentos socio económico C3 y D, es decir, hogares de clase media, de trabajadores para quienes la seguridad que pueda proveer el estado, es todo.
La decisión política de las autoridades, las capacidades y la convergencia de voluntades para un acuerdo estratégico, son elementos claves para abordar este problema. Un tema de esta sensibilidad para la ciudadanía no puede ser tratado desde trincheras ideológicas, complejos históricos o reducciones que rayan en el populismo. Deben elaborarse y trabajarse desde lo técnico, lo institucional y lo ciudadano para encontrar los mejores caminos de solución.
Pese a los claros avances de estos últimos quince años, aún quedan muchos desafíos para implementar políticas de seguridad que se hagan cargo de las nuevas realidades sociales, tecnológicas, científicas y culturales que enfrenta el país.
En primer término debemos situar al ciudadano en el centro de nuestra de las políticas de seguridad, a través de estrategias locales. Sabemos que los delitos no son similares en los extremos del país ni en las grandes ciudades en comparación con localidades pequeñas o rurales. Por ello las instituciones del “sistema de seguridad” deben diseñar planes y programas preventivos y reactivos específicos para cada localidad, entregando a los municipios las herramientas responder de manera adecuada sus problemas de seguridad. Una propuesta al respecto es implementar una plataforma que canalice las demandas y reclamos de los vecinos hacia la Municipalidad sobre sectores o situaciones inseguras, permitiendo a las autoridades tomar las medidas necesarias en el momento oportuno.
A nivel central nos comprometemos a aumentar la eficacia de las policías coordinándolas mejor, compartiendo información y complementándose en la operación. Debemos persistir y profundizar en la integración e interconexión de la información al interior del sistema institucional. La información debe ser compartida y trabajada por cada institución parte del sistema, ya sea para prevenir socialmente y policialmente hechos delictuales; reaccionar oportunamente; perseguir penalmente con mayor eficacia; condenar con mejor información o buscar mecanismos de reinserción a quienes han cumplido sus condenas.
La participación de menores de edad en hechos delictuales se ha mantenido estable en los últimos 5 años situándose en el rango del 30%. Para implementar un sistema efectivo de reinserción proponemos la creación de un servicio de sanción y rehabilitación de menores infractores de ley, con infraestructura, personal y logística adecuada a su contexto.
Asimismo, es imprescindible diseñar un Nuevo Código Penal que se transforme en la política criminal para los próximos 100 años y establezca sanciones y formas de cumplimiento de las penas.
También proponemos impulsar una Ley de Prevención del Delito, que establezca criterios y parámetros para introducir normativas sectoriales en la acción del Estado. Así, por ejemplo, que el ministerio de vivienda considere en la planificación de un proyecto habitacional la variable seguridad, para que desde su origen éste contemple áreas verdes iluminadas que promuevan la vigilancia natural y el buen uso del espacio público; o que el Ministerio de Educación incorpore variables de prevención situacional en la construcción de escuelas, liceos y jardines infantiles.
Sin seguridad no hay libertad y la seguridad sin libertad es tiranía. Por esto alcanzar la paz social debemos impulsar un gran acuerdo nacional que, por una parte coordine una acción eficaz y eficiente por parte del Estado y por otra se reconozca las capacidades de los propios ciudadanos para aportar en este proceso conjunto. En este acuerdo nacional por la paz social nos permitirá avanzar hacia una sociedad donde los derechos individuales legítimos, se enmarquen en un pacto de respeto por el otro y de protección a los más débiles.