El actual sistema de pensiones chileno enfrenta una crisis de legitimidad y los resultados de distintas comisiones encargadas por el actual gobierno así lo demuestran, confirmando una realidad de bajísimas pensiones que, en el caso de los hombres corresponden a un 45% del monto promedio de su sueldo y en el caso de las mujeres es sólo un 34% de su sueldo.
Estos números se materializan en un malestar social generalizado y una crisis del sistema que impide seguir haciendo más de lo mismo. Hoy las AFP obtienen una rentabilidad entre el 22% y 29%, lo que es inadmisible para un negocio regulado como este. Las utilidades extraordinarias que tienen las AFP es consecuencia de que la mayoría de ellas cobran una comisión de entre 1.2% y 1.5% de la cotización. Este elevado costo por administrar el dinero de los trabajadores es responsable de, a lo menos, el 40% de las utilidades que se llevan los dueños de estas empresas. A este cobro excesivo se suma otro más. Cuando las AFP compran instrumentos financieros en el exterior como fondos mutuos u otros, les traspasan a sus afiliados el costo de administración adicional por invertir sus ahorros en el extranjero, sin absorber ellos esta gestión con el 1.5% de comisión que ya cobran. Esta práctica, si bien es legal, no es correcta y también explica su rentabilidad excesiva.
Asimismo es un sistema está diseñado para los más ricos porque permite que sólo un 25% de la población reciba pensiones razonables. Actualmente las pensiones se calculan por cada año sobre los sesenta del promedio de la esperanza de vida de los chilenos. Sin embargo, la esperanza de vida de la población perteneciente a los niveles socioeconómicos más bajos es lamentablemente menor a la de los grupos sociales con mayores ingresos. En consecuencia, aplicar un mismo cálculo actuarial para determinar las pensiones favorece a los más ricos, que son los que viven más, y perjudica a los más pobres que viven menos y quienes, al mediano plazo, terminan subvencionando a los más ricos.
Para revertir esta situación, nuestra propuesta, siguiendo la línea establecida por el actual gobierno, busca incrementar la tasa de cotización en un 5% con cargo al empleador, monto que se utilizaría para constituir una entidad autónoma estatal que administre los ahorros de todos los chilenos, sin que ninguna nueva cotización vaya a las AFP, generando un pilar solidario.
Una segunda decisión pasa por definir qué porcentaje de las contribuciones se puede destinar a reparto, es decir que el Estado lo distribuya, y cuánto a capitalización o de ahorro particular en entidades privadas. Si destinamos un 1,5% del 5% a reparto por un período de 20 años, elevaríamos de forma importante (entre 25% y 35% dependiendo del universo de beneficiarios) las actuales pensiones, beneficiando a la clase media, los actuales pensionados y a las mujeres, que han sido los grandes perjudicados con el sistema de capitalización, sin un costo significativo para las generaciones futuras ni para el Estado.
Así se crearía un espacio protegido basado en la lógica de la seguridad social y de paso se recuperaría la legitimidad del sistema, con pensiones dignas y justas que reconozcan el trabajo de toda una vida.