Gobiernos regionales más fuertes, capaces de conducir el desarrollo regional

El año termina con una gran noticia. El Congreso aprobó un cambio constitucional que permite la elección directa de autoridades regionales, bajo la figura de un nuevo cargo, el gobernador regional. Se trata de una buena noticia. Qué duda cabe. Chile necesita mayor descentralización y autonomía de las regiones, lo que sigue la tendencia internacional donde existe un amplio consenso en que la descentralización, respecto de otras formas de organización institucional y administrativa, conlleva a una estructura política que representa de mejor manera los intereses de la comunidad.

Mucho del rezago actual que enfrentan las regiones y los diversos territorios de Chile se origina en el centralismo que las políticas públicas homogéneas han consolidado, sin considerar las particularidades de los territorios.

Chile tiene enormes desafíos pendientes en materia de descentralización y cohesión territorial. Cuando la Región Metropolitana concentra más de la mitad del capital humano calificado del país, somos testigos de una de las principales desigualdades territoriales existentes. La consecuencia es que se limita fuertemente el potencial de desarrollo de las regiones y su capacidad para avanzar en políticas públicas pertinentes a contextos territoriales diferenciados.

Consecuencia del centralismo es lo que ocurre en el Norte del país, cuya población ha debido absorber las externalidades negativas provenientes de la minería sin captar, ni administrar parte de los impuestos que estas actividades pagan.  Hay un alto grado de descontento por la centralización,  no solo de los recursos sino que también respecto a la toma de decisiones sobre las políticas públicas locales.

Pero cuando hablamos de descentralizar no hablamos sólo de la elección democrática de autoridades regionales. Debemos apuntar también a la ampliación de los espacios para el pleno ejercicio democrático, como por ejemplo la capacidad y posibilidad que tienen los ciudadanos de ejercer acciones de control de la gestión pública, velando por sus derechos y por el cumplimiento de los compromisos que el Estado ha asumido con ellos.

Debemos fortalecer nuestras regiones y su capacidad de conducir sus propios destinos en función de sus características estratégicas y las realidades locales. Regiones más sólidas, con más atribuciones para decidir sobre sus políticas y programas en ámbitos tan importantes como el turismo, la infraestructura, el transporte público o el fomento de la actividad económica.  El proyecto recién aprobado, junto con otro que se tramita por estos días en el Congreso para fortalecer las atribuciones de los gobiernos regionales, responde a un proceso que se hace urgente para el desarrollo integral de nuestro país. En Chile las competencias se concentran mayoritariamente en el nivel central de la administración pública. Debemos avanzar progresivamente en la modificación de dicho modelo de distribución a través de un cambio en la institucionalidad pública regional.

Este es el desafío que tenemos por delante- redibujar las relaciones que en la actualidad típicamente se dan entre las instituciones del gobierno central y los gobiernos regionales y seguir trabajando, para entregar recursos, capacidades e incentivos a las regiones para que conduzcan sus procesos de desarrollo.